La sucesión al trono. Editorial de Redes Cristianas

Rey Felipe VI
La manera como se ha gestionado la sucesión al trono ha sembrado sobre la monarquía más sombras que las que ya tenía. Las prisas, el silenciamiento de cualquier opinión que pedía claridad, la prohibición de las manifestaciones de signo contrario, el control férreo de los medios de comunicación, el ocultamiento de las opiniones que pedían ser consultadas, la “chapuza” del aforamiento “exprés” -según la expresión de Jesús Posada, presidente de las Congreso-, etc., han alimentado toda clase de sospechas.

Hay un tema de fondo que lo condiciona todo: la monarquía fue una imposición de la dictadura que por un sangriento golpe de estado usurpó el poder a una república legalmente constituida. La transición hacia la democracia se hizo con los condicionantes que todos conocemos. Sin entrar a valorar los años transcurridos desde entonces ha llegado el momento de poder opinar sobre qué modelo de estado queremos y poder construir entre todos y todas unas nuevas reglas del juego. En todos los campos, el político, el económico, el territorial, el cultural.

Ocultar este tema de fondo no sirve de nada, es cerrar en falso los problemas profundos de la sociedad. La práctica del avestruz de pretender resolver problemas tapándolos, no sirve, tarde o temprano reaparecerán. Y en esta ocasión creemos que quienes han estado en los entresijos de la operación, una vez más se han equivocado. Han creído que por la vía de la aplicación de la constitución se podía pasar por alto la opinión pública.

Obviamente se han cumplido los requisitos exigidos por la constitución. ¡Faltaría! Pero ante el agotamiento y la degradación política española, hoy esto no basta. No escuchar la opinión pública sin duda afecta y pasará factura de por vida al sucesor y sobre todo, afecta a la fundamentación moral y ética de la institución, base sobre la que debe sustentarse cualquier acción política.

En segundo lugar la operación ha venido acompañada, sobre todo por la rapidez y el modo de aforamiento, por la sospecha de implicación en la corrupción. Juan Carlos será el único ex-mandatario de Europa (excepto la familia real de Dinamarca) aforado por su responsabilidad en hechos anteriores. Mal ejemplo buscarle privilegios en las presentes circunstancias. Por otra parte, flagrante contradicción cuando en estos días el gobierno se erige como valedor de no-privilegios de aforamiento.

Pretender ocultar sospechas de corrupción o de notoria falta de ejemplaridad en la más alta institución del estado es un error. Primero por imposible. Pero sobre todo porque acarrea la corrosión en cascada de todo el cuerpo social.

Finalmente, una vez más hemos echado en falta la voz de la jerarquía de la iglesia católica, tan preocupada en otras ocasiones por otras dimensiones morales. Era de esperar que a partir de elementales criterios morales y como exigencia de la imprescindible regeneración de la vida pública se pidiera un mayor grado de transparencia y libertad de expresión.

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