NO QUEREMOS UNA IGLESIA QUE VA A REMOLQUE José M. Castillo

Según el uso figurado, que se suele hacer del verbo “remolcar”, cuando decimos que alguien va “a remolque”, lo que en realidad estamos afirmando es que quien va así por la vida, eso sucede porque tiene que hacer lo que hace sin sentirse atraído para hacerlo. O lo hace a regañadientes y porque no le queda más remedio. Baste pensar que “remolcar” es sinónimo de “arrastrar”. Es decir, el que va “a remolque” es que va “arrastrado”. Y, la verdad, verse arrastrado, en este mundo y en la historia, no es una cosa agradable. Ni, por supuesto, ejemplar.

Pues bien, quienes tenemos creencias religiosas y, además, hemos puesto esas creencias en lo que hizo y dijo Jesús de Nazaret, tal como eso ha llegado hasta nosotros por medio de la Iglesia, con frecuencia tenemos la impresión de que esta Iglesia que vemos, va por la vida a remolque de los cambios que se producen en la historia, en la cultura y en la sociedad… A veces, me figuro a la Iglesia – ya lo he dicho en otra ocasión – como una cuadriga romana que avanza al trote de los caballos por una autopista en la que los coches corren a 120 por hora. Naturalmente, una cuadriga romana por una autopista es una cosa llamativa, curiosa, extraña, interesante, pero es poco práctica. Y, desde luego, con un transporte así, se llega siempre tarde y mal a todas partes. Porque siempre vas con retraso, sin duda con bastantes siglos de retraso.

Y es que, como ha escrito (no hace mucho) un conocido filósofo francés, Fréderic Lénoir, se ha hecho tan grande la distancia entre los mandamientos de Cristo y las prácticas de la institución eclesiástica, que estas prácticas responden cada vez menos al Evangelio, y cada vez más a la necesidad de asegurar la supervivencia, el desarrollo y la dominación de los hombres de Iglesia.

Un caso bien conocido fue el de la Inquisición, que se abolió en el s. XVIII (en España, ya entrado el XIX), pero ¿por qué? ¿fue porque la Iglesia se dio cuenta de su abominable comportamiento y decidió enmendarse? No. Simplemente porque ya no contaba con los medios que requería su voluntad de dominación. Porque la separación de la Iglesia y el Estado privó a los clérigos inquisidores del “brazo secular”, que era imprescindible para matar a los herejes. Cuando los poderes públicos se negaron a matar a la gente por sus ideas religiosas, entonces fue cuando la institución eclesiástica se puso a decir que no se podía quemar vivos a quienes no estaban de acuerdo con lo que pensaba el Santo Oficio. Y sabemos que, a lo largo del s. XIX, las ideas de la modernidad y de la Ilustración se fueron imponiendo en contra de la tenaz resistencia de los poderes de la Iglesia. Incluso antes, ya desde los siglos XVI, XVII y XVIII, el poder eclesiástico se opuso a Galileo, a Darwin, a la libertad, igualdad y fraternidad que defendió la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, de la Asamblea francesa, en 1789. Una declaración a la que el papa Pío VI se opuso con firmeza en marzo de 1790. Y bien sabemos que todo el siglo XIX fue una secuencia de enfrentamientos continuos entre los hombres de la política y de la ciencia, por una parte, y los hombres de la Iglesia, por otra. Todavía, en 1878, León XIII se lamentaba de que los socialistas estuvieran enseñando que “todos los hombres son por naturaleza iguales” (ASS XI, 372), ya que, a juicio de aquel papa, “la desigualdad en derechos y poderes dimana del mismo Autor de la naturaleza”… para que “la obediencia se haga fácil y nobilísima” (ASS XI, 372).

Es demasiado larga la lista de estos enfrentamientos que, por otra parte, son de sobra conocidos. La pena es que, a estas alturas, cuando la Iglesia se va quedando más y más marginada por los escándalos y sombras oscuras que han obligado a un papa a dimitir de su cargo, y cuando nos encontramos con la grata esperanza de otro papa (Francisco) que nos abre ventanas de luz y de esperanza, todavía tenemos cardenales, obispos, curas y laicos que se empeñan en seguir manteniendo la misma intolerancia que hundió a la Iglesia en la miseria. Nos sobran razones para pensar y decir que son muchos los que quieren todavía que la Iglesia vaya siempre a remolque de la cultura, de la sociedad y de la historia.

Al decir estas cosas, estoy pensando en los problemas que, en estos mismos días, se plantean en el Sínodo sobre la familia, convocado por el papa Francisco. Lo indignante, en este momento, es que sobre la familia y el matrimonio no hay en la Iglesia ningún dogma de fe. Ni siquiera se puede demostrar que el matrimonio cristiano sea un sacramento, ya que los cánones de la Sesión VII del concilio de Trento no son definiciones dogmáticas. Según las Actas del concilio, a los obispos y teólogos, que tomaron las decisiones sobre los sacramentos, en contra de las enseñanzas de la Reforma de Lutero, se les preguntó si lo que condenaban eran “errores” o “herejías”. Pero no llegaron a ponerse de acuerdo sobre esta cuestión capital. No hubo, por tanto, ni siquiera sobre este asunto tan fundamental, un acuerdo vinculante para la fe de los católicos (ya demostré documentalmente esta cuestión en mi libro sobre los sacramentos, Símbolos de libertad, p. 320-343).

Pues bien, si el Sínodo no tiene que ajustar sus decisiones a previos dogmas de fe, que limiten a la máxima autoridad de la Iglesia su capacidad de decidir en asuntos de tanta importancia para la vida y la felicidad (o la desgracia) de familias, matrimonios, personas homosexuales, mujeres que reclaman los mismos derechos que tenemos los hombres…, ¿en qué argumentos se basan los más integristas para oponerse a determinadas decisiones que ya han sido tomadas por la cultura y la sociedad de nuestro tiempo en no pocos países de tradición cristiana? ¿no se dan cuentas esos integristas intolerantes de que, por mantener sus ideas y sus poderes, lo que realmente consiguen es aumentar el sufrimiento de millones de personas y desprestigiar cada día más a la Iglesia?

Quienes intervienen directamente en el Sínodo deberían tener presente que los cristianos siguieron los mismos condicionamientos y usos, por lo que se refiere al casamiento, que el contorno pagano. Esta situación duró, por lo menos, hasta el s. V. Y en asuntos, como el del divorcio, se sabe que el papa Gregorio II (año 726) le escribía a san Bonifacio una carta en la que le comunicaba que un feligrés al que su esposa, por enfermedad, no podía darle el débito conyugal, podía casarse con otra mujer (PL 89, 525). Por lo demás, los expertos en historia del Derecho en Europa saben que, durante la Edad Media, la Iglesia se regía por el Derecho Romano. Es más, “la custodia de la tradición jurídica romana recayó fundamentalmente en la Iglesia” (Peter G. Stein, El Derecho romano en la historia de Europa, p. 57). Incluso, en el concilio de Sevilla, presidido por san Isidoro en el año 619, se proclama que el Derecho romano era la lex mundialis (Conc. Hisp. II, can. 1-3; cf. Cth. 5.5.2).

Por lo demás, nunca deberíamos olvidar que cuando la Iglesia, precisamente en los asuntos que conciernen al matrimonio y a la familia, aceptó (sin más) las leyes civiles vigentes en la sociedad, entonces justamente fueron los tiempos en los que la Iglesia vivió su época de mayor crecimiento y su influencia en la transformación de Europa fue decisiva. Mientras que, por el contrario, cuando la Iglesia empezó a tener sus leyes propias, en asuntos sobre los que el Evangelio no se había pronunciado para nada, entonces ocurrió que los dirigentes eclesiásticos tuvieron que dedicar su tiempo y sus energías a defender unos derechos que ellos habían argumentado desde una presunta ley natural (que nadie sabe exactamente ni en qué se fundamenta ni qué obligaciones impone), cosa que sirvió para alejar a la Iglesia del pueblo, dando motivo para una serie de conflictos que ahora no sabemos cómo resolver.

Y así, nos encontramos con una lista interminable de contradicciones que ve todo el mundo, excepto las personas que acaban por cegarse con su fundamentalismo integrista. La última monarquía absoluta que queda en Europa es el Estado de la Ciudad del Vaticano. El único Estado que aún no ha firmado los pactos internacionales sobre los Derechos Humanos, es también el Vaticano. La única ley que no admite la igualdad entre hombres y mujeres es el Derecho Canónico. Cuando crece el número de los países cristianos que admiten, en sus leyes civiles, el matrimonio entre personas homosexuales, la autoridad eclesiástica se resiste a aceptar ese modelo de matrimonio y de familia. Cuando más de la mitad de las parroquias del mundo no tienen ya un sacerdote que las pueda atender, el integrismo clerical prefiere que la gente se quede sin sacramentos con tal que ni los sacerdotes puedan ser hombres casados o que las mujeres puedan presidir una celebración de la eucaristía. La cosa, por tanto, está clara: la autoridad eclesiástica prefiere seguir a remolque de la sociedad, de la cultura y de la historia, con tal de mantener su autoridad intacta, por la sencilla razón de que quienes piensan así, prefieren mantener intactas sus ideas e intocable su poder, aunque la Iglesia termine de hundirse y la gente que todavía tiene creencias cristianas se hunda con ella en la desesperanza.

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